¿”Los mercados”? No somos “Mercancía”

En su proceso de derechización del Gobierno PSOE, los medios afines a Zapatero han encontrado una palabreja que les funciona mejor que el Abracadabra: “los mercados”.

Así, ya no se trata de recortar pensiones, aumentar la edad de jubilación, apretar las tornas a los trabajadores, etc., sino que son medidas que exigen los mercados.

Hay que abaratar el despido para tranquilizar a los mercados. Hay que subir el IVA porque así lo demandan los mercados. Hay que flexibilizar el empleo por imperativo de los mercados.

De esta manera, como un moderno Pilatos, el Gobierno Zapatero se lava las manos, justificando sus medidas antisociales con un resignado “lo demandan los mercados”.

Y la derecha de siempre, desde el PP hasta los católicos voceros de la moderación del PSOE, como Bono, pasando por los PNV, CiU, Coalición Canaria o cualquier otro grupito defensor de los valores sempiternos de la (su) patria, la (su) religión y la (su) familia, asienten complacidos, como queriendo decir, condescendientes: “¿Ves? Ya te lo decía yo. Lo de la izquierda es muy bonito, pero no funciona. Yo también quiero un mundo igualitario, pero la pela es la pela”.

Pero de que se alegre la carcundia nadie se sorprende (siempre han pensado así). Lo sorprendente es este Gobierno, que se las daba de izquierdista, inclinando la cerviz ante “los mercados”, haciendo una reforma neoliberal que ya hubiera querido Aznar.

Porque los mercados no son otra cosa que el tinglado que se ha montado el capitalismo, sólo que en lenguaje políticamente correcto. Los mercados son la gran empresa, la explotación y la desregulación de las relaciones laborales, son el despido libre y la privatización. Son los partidos de derecha que gobiernan Europa, aquellos que aplauden las medidas liberales y los derechazos, pues, ¿cómo no iban a aplaudirlos, si forman parte de su programa?

Precisamente por eso se distingue la izquierda: por intentar que los mercados sean regulados por la ciudadanía, para que seamos las personas quienes decidamos las relaciones económicas, y no al revés.
Porque, precisamente, no somos mercancía.

En Huelga

Mañana medio país estará en Huelga, mientras la otra mitad, que hipócritamente despotrica contra Zapatero y luego escurre el bulto por no perder un mísero jornal, estará clamando por su derecho al trabajo.
Pero eso es, precisamente, lo que mañana voy a defender parando, el derecho al trabajo... digno y para tod@s.
No estoy de acuerdo con las voces pesimistas que dicen que esta Huelga General no será un éxito. Luchar por lo justo no debe considerarse como la consecución de unos objetivos determinados, sean los que fueren, sino un deber para todos aquellos que nos creímos un día el espíritu del Manifiesto comunista de Marx.
Y quizás, incluso, sí que se consigan algunos de estos objetivos: mientras estaba escribiendo esta entrada escuchaba por la radio que había sido aprobada en el Parlamento una propuesta de Izquierda Unida para descongelar las pensiones.
Al menos iremos con esta pequeña alegría añadida. Y, sobre todo, con dignidad. Con orgullo y dignidad.
¡A la Huelga!

Leer, pensar, actuar.....¡Huelga General!

 Os adjunto un texto de un compañero de CGT sobre las razones para ir a la Huelga General:


Estos días resulta bastante frecuente escuchar a  muchos trabajadores y trabajadoras decir que no irán a la huelga, y lo argumentan lanzándose a una dura crítica contra los dos sindicatos mayoritarios del país. No seré yo, afiliado como soy a CGT, quien les defienda, pero me preocupa que los que adoptan este discurso no se den cuenta de un importante detalle: el golpe que supone esta reforma laboral no lo van a sufrir ni Méndez ni Toxo. Ellos están más que a salvo. Esta reforma laboral la van a pagar, en cambio, la inmensa masa social de este país, compuesta por aquellos hombres y mujeres que sólo cuentan con su fuerza de trabajo para ganarse el pan.


No son las grandes cúpulas paniaguadas de los sindicatos de concertación los perjudicados por esta reforma laboral. No, el perjudicado eres tú, que tal vez trabajas en una subcontrata y te han echado al ser descubierto cuando querías montar un comité de empresa. O tu padre, que ha sido despedido a sus 50 años con 20 días de indemnización por año trabajo, en lugar de 45, ya que esta reforma laboral tiene efectos retroactivos. O tal vez sea tu hermana, a la que le han cambiado el horario de trabajo de buenas a primeras y ya no puede ver a sus hijos. El primer caso ha ocurrido toda la vida. Los otros ahora serán posibles tras la reforma laboral.


A finales del pasado año, mi comité de empresa, del que tengo el inmenso honor de forma parte, forzó un acuerdo con la dirección que permitió mejorar las condiciones laborales de gran parte de nuestros trabajadores. Este acuerdo mañana puede quedarse en agua de borrajas si la empresa dice que ha tenido un mal año, y poco importará que mientras tanto siga repartiendo dividendos y bonus a los señores que deciden nuestro destino. Así sucederá previsiblemente con los acuerdos y convenios colectivos en miles y miles de empresas, afectando tal vez a decenas o cientos de miles de trabajadores. Ellos, y no los liberados sindicales, ni Méndez, ni Toxo, son las víctimas de la reforma laboral. Y lo son porque aunque quieran defenderse, el nuevo marco legal no lo va a permitir.


A esos trabajadores que critican a los sindicatos tachándoles de gremio privilegiado les formularía la siguiente pregunta: ¿tú dejarías tus derechos laborales, que son los que te garantizan un trabajo digno, en manos de gente en la que no confías? Porque si no confías en los dos grandes sindicatos, puedes afiliarte a otras muchas centrales sindicales. Otra posibilidad sería cambiar desde dentro a esos dos grandes sindicatos mayoritarios. Posiblemente, si en lugar de la afiliación tan mínima que se registra en ellos, la inmensa mayoría de la clase trabajadora de este país estuviera activa y militante dentro de CCOO y UGT, sus cúpulas lo tendrían mucho más difícil para hacernos comulgar con ruedas de molino.


Pero los trabajadores no hacen ninguna de las dos cosas. No buscan otros sindicatos ni tampoco intentan afiliarse a los dos grandes para presionarles y obligarles a tomar otra dirección. En lugar de eso se queda viendo la televisión, y tragándose los tendenciosos mensajes de esos opinólogos y políticos que también están convenientemente paniaguados, todavía más que los sindicatos, por cierto, y que les inoculan ese brillante mensaje de “jodeos, liberados sindicales, que yo no voy a la huelga por esa reforma”. Por esa reforma que atenta contra vosotros, la clase trabajadora de este país, les falta añadir.


Nuestros padres consiguieron vivir mejor que nuestros abuelos. Pero mi generación, la nacida a partir de la década de los ochenta, va a vivir peor que la de nuestros padres. Y nuestros hijos e hijas, si es que aún quedan valientes que piensen que es viable ese lujo de tener hijos, sencillamente no tienen futuro. No tienen futuro porque hemos hecho todo lo posible para que no lo tengan. O mejor aún, no hemos hecho nada. ¿Hasta cuándo tiene que seguir cayendo vuestra dignidad para llegar al fondo del pozo? Esa sería la pregunta que yo me atrevo a lanzar a toda esta generación que asiste como espectadora a su propio despojo.


Pero algunos y algunas no nos resignaos, y aunque seamos pocos, allí estaremos con nuestra dignidad a cuestas el próximo 29 de septiembre. Intentando hacer nuestra la convocatoria. No de UGT, no de CCOO, ni siquiera de CGT, mi sindicato. La clase trabajadora de este país debe unirse sin fisuras de nuevo e intentar trascender y superar todas las siglas. La protesta debe ir más allá del día de la huelga general y seguir adelante. Comandada no por las cúpulas, sino por nosotros y nosotras, que somos las víctimas propiciatorias de esta reforma laboral. Salvo que volvamos a recuperar el timón de nuestras vidas. De ti, que estás leyendo esto, depende. Despierta y haz el favor de darnos, en primera persona del plural, un futuro en el que merezca la pena que vivan tus hijos.

Digo "Metro" y digo "Dignidad"

El problema suscitado por la huelga del Metro de Madrid no es sólo un tema doméstico de la capital del Estado, ni un tema de bajada unilateral de salarios saltándose el Convenio Colectivo. Va mucho más allá:
El problema es que los trabajadores y trabajadoras constituidos en Asamblea decidieron que no darían ni un paso atrás en la defensa de sus derechos.
El problema es que un puñado de hombres y mujeres resucitaron la dignidad y la conciencia de clase y dieron una lección al resto del Estado: que somos los trabajadores quienes tenemos la sartén por el mango, y que con seriedad, determinación y unidad no hay patrón que pueda pisotear nuestros derechos, ya sea la mismísima Esperanza Aguirre o José Luis Rodríguez Zapatero.
El problema es que podía cundir el ejemplo y qué terrible si la gente se diera cuenta de que los gobernantes son sólo tigres de papel.
Por eso la campaña de difamación. Por eso el bombardeo mediático demostrando que los trabajadores del Metro eran monstruos empeñados en que la ciudadanía de Madrid sufriera y se colapasara. Por eso la procesión de ciudadanos indignados en los telediarios, los titulares apocalípticos en los periódicos y las entrevistas de personas de bien indignadas por el atropello de los huelguistas. Por eso el despliegue de radios y televisiones públicas, no fuera que cundiera el ejemplo.
Por eso su huelga no puede prosperar. Ya se encargarán los gobiernos municipal, regional y estatal, PP y PSOE al alimón, de silenciarlos.
Pero ahí quedará su lección para quien quiera mirar más allá de la niebla. Una lección de dignidad.

Que Juancar se lleve un susto

Echadle un ojo a esta noticia del blog de IU del Malpica-Bernuy, y que Juancar se lleve un susto.
Se trata de votar en la web del Instituto Cervantes vuestra palabra favorita. Y, ¡qué cosas!, la palabra "República" es una de las más votadas.

http://iumalpicabernuy.blogspot.com/2010/06/el-gobierno-monarquico-esta-haciendo.html

Cuant@s más seamos, más reiremos.

Contra la crisis, recorte de sotanas

Como la prensa oficialista no nos da cancha, algun@s roj@s recalcitrantes hemos puesto en marcha una campaña boca a boca de envío de correos electrónicos exigiendo a Zapa el fin de los privilegios económicos de la Iglesia Católica.
Os animo a que reenviéis el mensajito, que os transcribo a continuación:

Estimad@ amig@:

Somos much@s quienes pensamos que es cierto que debemos hacer un esfuerzo común para reducir el gasto público.
Sin embargo, también somos much@s quienes creemos que el esfuerzo no debe recaer sobre la espalda de los trabajadores.
Por ello, además de exigir al Gobierno que tenga el coraje de acometer una reforma fiscal progresiva (donde se pague más cuanto más dinero se gane), le urgimos a que, de manera inmediata, ponga fin a los privilegios económicos de la Iglesia Católica.
Exigimos al Gobierno del PSOE:
- Que se acabe la asignación directa a la Iglesia católica vía IRPF.
- Que se acabe la exención de impuestos de algunas actividades económicas de la Iglesia Católica.
- Que cesen las subvenciones para la llamada "obra social de la Iglesia" y que sea el Estado quien financie los programas de cooperación y desarrollo a través de, al menos, el prometido y nunca aplicado 0,7%.
- Que se deje de pagar el sueldo de miles de maestr@s de religión en las escuelas públicas.
- Que se eliminen los cientos de capellanes de hospitales públicos y centros militares.
- Que se dejen de financiar las cientos de restauraciones y rehabilitaciones de propiedades de la Iglesia a menos que ésta las ceda en propiedad al Estado.

Con todo ello pretendemos NO SÓLO apuntalar la democracia (haciendo efectiva la separación entre Iglesia y Estado), sino también, engordar las arcas públicas, ya que la Iglesia Católica consume una cantidad de dinero tal que si se elimina su financiación no sería necesario hacer ningún recorte social.

Atentamente,
tu amig@.

P.D.: Como, por desgracia, en nuestra democracia es imposible dar publicidad a cualquier iniciativa al margen de los partidos mayoritarios, te animo a que difundas este correo entre tus amistades, enviándolo como copia oculta, para preservar el derecho a la intimidad de las personas.

¡Y me llamaban rojo trasnochado!

Leo por ahí, con cierta sorpresa, que incluso el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (que no tiene nada de izquierdoso) ha criticado las medidas del Gobierno Zapatero por insolidarias e inefectivas, y plantea alternativas más viables y solidarias.
Aquí tenéis el enlace.
Lo sorprendente no es el hecho de que los profesionales de las finanzas públicas critiquen el derechazo de Zapatero, sino la hipocresía con la que mucha gente se da golpes de pecho.
Estas mismas medidas (más la eliminación de los privilegios económicos a la Iglesia Católica), las mismas que muchas personas de izquierda se desgañitan en bares y corrillos preguntándose por qué no se han tomado ya las venía solicitando desde hace años la izquierda transformadora.
La diferencia es que a nosotros nos llamaban rojos trasnochados.

Los intocables

Lo más sangrante del tijeretazo social del gobierno del PSOE no es que se haya cebado en los trabajadores (los funcionarios son éso, tanto los médicos o los maestros como los barrenderos o los bomberos) y en los pensionistas (algo increíble que nadie, ni el PP, se hubiese atrevido a tocar), sino la gran hipocresía (y hasta ridículo) que ha rodeado a la medida.
Ya no se trata tanto del papelón de un Gobierno que se achanta ante la llamada de papá Obama como de la hipocresía con que se habla de medidas inevitables.
Porque si es inevitable recortar gastos, tiene campo de sobra:
Métale la tijera a la Iglesia, señor Rodríguez (Zapatero). Entre asignación al clero vía IRPF, pago de los miles de sueldos de maestros de religión, financiación de las obras de mantenimiento y restauración de edificios y obras protegidas con fondos públicos (pero propiedad del clero) y subvenciones varias de diputaciones, autonomías, ayuntamientos, etc., la Santa Madre Iglesia se lleva un buen pegote del Presupuesto. Mucho más, por cierto, que el ahorro que supone todo el conjunto de medidas propuestas.
Por no hablar de los gastos de la Casa Real, de las tropas de apoyo a los Estados Unidos en Afganistán, etc. O, sobre todo, de los miles de millones de euros de subvención a las empresas en forma de contratos en prácticas, descuento por contrato de mujeres, parados de larga duración, etc. Y ni que hablar de la inyección de liquidez (léase miles de millones gratis a la banca para salvarla de la crisis que ella misma ayudó a provocar).
Pero, claro, éstos son intocables.
Así se veían de felices los representantes de los empresarios tras la entrevista con el Presi.
Y, para más Inri, la buena de la supervice de la Vega nos suelta que "el Gobierno siempre estará al lado de los trabajadores".
Joer, también los trabajadores tenemos intocables.
Y ya nos los están tocando.

Dejad que los niños se acerquen a mí (Mc 10,14)

En un arrebato místico estoy reflexionando últimamente sobre la verdad rebelada (que no revelada). Y, para solaz de mi alma, he descubierto en las Sagradas Escrituras inefables verdades.

Lean, lean ese edificante versículo, y recuerden con ternura las palabras de amor a la infancia del bendito Santo Padre.

Las Diputaciones Provinciales y la corrupción de baja intensidad

 Desde unos años a esta parte venimos asistiendo a un deterioro generalizado de la confianza de la ciudadanía en sus representantes democráticamente elegidos.
Esta desconfianza tiene su raíz en la opinión popular de que una vez que un partido político llega a gobernar las instituciones tras haber sido elegido en las urnas, pareciera que inmediatamente surgen en su seno cierto número de políticos profesionales que no dudan en prevaricar, adjudicar contratos y obras a dedo, embolsarse comisiones ilegales o beneficiar de manera palmaria a grandes y medianas empresas.

Este divorcio entre el pueblo y sus representantes se constata no sólo en dicha desconfianza en los políticos, sino incluso en la actitud de dichos representantes del pueblo, cuando a sí mismos se tildan de clase política, reconociendo así que ya no son meros portavoces que el pueblo puede sustituir mediante el ejercicio de su derecho soberano, sino que ya son una casta intocable que ha hecho de la política una profesión, muy lucrativa en muchas ocasiones. 

En los últimos años, además, se ha venido destapando una serie de escándalos de corrupción económica sin parangón desde los años del desarrollismo franquista o la era felipista. La especulación urbanística y la corrupción del ladrillo, el caso Gurtel, los trajes de Camps, los tejemanejes de algunos alcaldes socialistas en Cataluña, la red de intereses de Unió Mallorquina, etc., sólo son la punta del iceberg de la corrupción a gran escala que parece afectar a la mayoría de los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno, con honrosas excepciones: por ejemplo, es esclarecedor el caso de Manuel Fuentes, alcalde comunista de Izquierda Unida en Seseña, en peligro de ir a la cárcel precisamente por enfrentarse con dignidad y valentía a la corrupción especulativa.

Sin embargo, lo que más desanima a la ciudadanía no es esta corrupción de grandes cifras, la corrupción de los ladrones de guante blanco y de los grandes sinvergüenzas, cobijados a veces en los partidos políticos que gobiernan nuestras instituciones. Existen también otras prácticas menos visualizables pero igual de reprobables, una especie de corrupción de baja intensidad que se ejerce a diario en las instituciones locales y provinciales. En este caso, se trata de prácticas planificadas, generalizadas y consentidas, que, aún siendo legales, son tan inmorales y desalentadoras para el pueblo de a pie como la corrupción de las grandes cifras.

Es la corrupción de los contratos a dedo en los ayuntamientos, del enchufismo descarado, del partidismo en las contrataciones, de la adjudicación de cientos de puestos de trabajo sin ningún tipo de oposición ni mérito alguno, excepto el de tener un carné del partido político que gobierna.

El caso, por poner un ejemplo, de las Diputaciones, es el colmo de la desvergüenza: desde directivos de mancomunidades y fundaciones a personal laboral de todo tipo y función, los partidos que gobiernan en las Diputaciones adjudican a dedo cientos y cientos de puestos de trabajo a afiliados de su partido o de sus asociaciones juveniles, a alcaldes y concejales en activo o que lo fueron en otras legislaturas, etc.

Es cierto que esto se hace con cobertura legal, disfrazados de puestos de asesores, de cargos de confianza o cualquier otra triquiñuela cobijada por las leyes que los propios partidos mayoritarios han elaborado en su propio beneficio. Sin embargo, es una práctica que repugna a la ciudadanía y que es, a todas luces, moralmente reprobable. Sobre todo cuando ninguno de los partidos mayoritarios, PP y PSOE mueven un solo dedo para cambiar esta situación, porque saben que tarde o temprano les tocará turnarse y pueden repartirse amigablemente suculentas porciones de pastel.

Y son los propios implicados los que bromean con lo de “todos son iguales, aquí todo el mundo va a trincar”, etc., etc., de manera que arrojando basura en todas direcciones se disimule el hedor propio.

Por eso tenemos el deber moral de denunciar públicamente estas prácticas, y de promover desde las instituciones donde la izquierda transformadora esté representada la reforma del sistema de adjudicación de puestos de trabajo de las diputaciones, ayuntamientos o cualquier otra institución. Sólo así demostraremos que no somos otro partido más, poniendo en práctica todos aquellos acuerdos tomados en las Asambleas que quedan muchas veces, por inacción, en papel mojado. Porque no todos los partidos son iguales y porque la Democracia, pese a unos cuantos indeseables, aún es posible.

Pepiño y la Crisis

Se desgañitaba el otro día Pepiño Blanco acusando al PP de haber provocado la crisis económica, por haber creado su caldo de cultivo, por haber fomentado la especulación, por haber sido el puntal del desmantelamiento de lo público y haber basado el crecimiento en el ladrillo.

Y le faltó añadir: y, nosotros, después de dos legislaturas de Gobierno PSOE, no hicimos nada para enmendarlo, sino que seguimos aplicando de manera contumaz las recetas neoliberales del PP.

Joder con el gallego.

Mienten: el sistema de pensiones nunca ha estado en peligro

Todo el revuelo que el Gobierno ha montado alrededor del aumento de la edad de jubilación y otros recortes de calado en política social (como el hecho de que se quiera ampliar el periodo de cotización para cobrar una pensión mínima) se basa en una gran mentira: que el sistema público de pensiones está en peligro. Sin embargo, este presupuesto es totalmente falso e injurioso.

En efecto, con la actual financiación de las pensiones, sufragadas con las cuotas de los trabajadores y trabajadoras a la Seguridad Social, la fortaleza del sistema depende de la cantidad de cotizantes y de la cuota que se pague, de manera que a la vez que aumenta el número de personas jubiladas, disminuye la cantidad de dinero disponible para cada una de ellas.

Sin embargo, el sistema público de pensiones nunca ha estado en peligro. El problema radica en que el pago de las pensiones se vincula a las cuotas de las personas en activo, quienes trabajamos. Es como si el sistema de salud, la Sanidad, se pagara con lo que se recaudara, por ejemplo, del impuesto sobre el tabaco: si el consumo de cigarrillos descendiera, también habría quien diría que el sistema de salud está en peligro. O como si la enseñanza pública se financiara a través del impuesto sobre la gasolina: si bajara el consumo, ¿ya no se mantendrían las escuelas, se dejaría de pagar a los maestros o a las profesoras de instituto?

La solución es bien sencilla: déjense de trampas financieras y sufráguense las pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado o de cada Comunidad Autónoma, como el resto de servicios públicos (la sanidad, la educación, la red de carreteras, etc.).

Y, ahora, viene la pregunta lógica: ¿por qué no se hace?

Y a mí (¡pobre paranoico!), sólo se me ocurre una razón: si las pensiones estuviesen aseguradas, ni el gobierno de turno ni los empresarios podrían utilizar la supuesta insostenibilidad del sistema para exigir más recortes sociales.

Porque el capital lo tiene claro: para poder disfrutar de la jubilación, nos tenemos que jubilar más tarde con pensiones más pequeñas (y, de paso, promocionan como inevitable ayuda los fondos de pensiones privados que gestionan sus bancos y con cuyos capitales se han realizado gran parte de los movimientos especulativos que nos han llevado a la crisis económica).

Del mismo modo que tienen claro que para solucionar el paro hay que facilitar a la empresa el despido de los trabajadores, para poder tener un trabajo decente, se deben recortar los salarios de las personas que trabajan y limitar los aumentos de sueldo, y para poder disfrutar de la ventajas del estado del bienestar debemos reducir el estado del bienestar.

Exactamente lo que diría Marx (me refiero a Groucho, por supuesto).

El consenso en la educación

Hace unos días el gobierno estatal ha anunciado a bombo y platillo que los partidos dinásticos (PSOE y PP) han llegado a un consenso en lo referente a la Educación.
La noticia, en una primera aproximación, debería alegrarnos: es vox populi que la escuela pública ha venido a menos en las dos últimas décadas y que tiene problemas estructurales agravados por el continuo vaivén de leyes y contraleyes promulgadas por el gobierno de turno, lo que aconsejaría un pacto de Estado en lo referente a la Educación en España.
Sin embargo, si analizamos dicho consenso alcanzado, más bien se nos deberían poner los pelos como escarpias.
Uno de los peores males que aqueja a la Escuela Pública, como bien analizaba Carlos Fernández Liria en un reciente artículo de Público, es la existencia de un sistema doble que financia y prima la educación privada (en forma de colegios concertados) en detrimento de la pública, que va acogiendo a los sectores sociales más desfavorecidos y con mayores necesidades de todo tipo. Como bien se dice en dicho artículo de Público, la supuesta igualdad de admisión de alumnado en los colegios privados es una falacia, ya que dichos centros se saltan dicha formalidad con diversas artimañas, como la de cobrar sobretasas astronómicas para una familia humilde por conceptos como material escolar, excursiones obligatorias, etc. Lo lógico (desde la izquierda) sería dejar de financiar a los colegios privados y utilizar dichos recursos para mejorar la educación pública, pero la miopía pacata y pequeñoburguesa de ciertos sectores del PSOE han perpetuado este estado de cosas de manera que ni se plantea esto como posibilidad.
Entonces, ¿de qué consenso hablamos? Porque el modelo educativo del PP (como se puede comprobar en la Comunidad de Madrid) está clarísimo: una educación competitiva, destinada a cubrir las necesidades del mundo empresarial y con segregación del alumnado según sus ingresos económicos (lease colegios concertados), por supuesto con la religión como asignatura (con lo que esto implica: contratación a dedo de profesorado por parte de la Conferencia Episcopal, ideologización, etc.). Si lo que se pretende es un sistema educativo donde se vaya cribando a nuestros hijos e hijas para cubrir la demanda del mercado y donde las decentes familias de clase media se sientan a salvo de la contaminación social de pobres, inmigrantes y todo tipo de sectores considerados por ellos como indeseables, mejor dejarse de milongas de consensos para quedar bien en la foto y atreverse de una vez a llevar a cabo reformas en profundidad.
Que para este viaje no hacían falta alforjas.