Las Diputaciones Provinciales y la corrupción de baja intensidad

 Desde unos años a esta parte venimos asistiendo a un deterioro generalizado de la confianza de la ciudadanía en sus representantes democráticamente elegidos.
Esta desconfianza tiene su raíz en la opinión popular de que una vez que un partido político llega a gobernar las instituciones tras haber sido elegido en las urnas, pareciera que inmediatamente surgen en su seno cierto número de políticos profesionales que no dudan en prevaricar, adjudicar contratos y obras a dedo, embolsarse comisiones ilegales o beneficiar de manera palmaria a grandes y medianas empresas.

Este divorcio entre el pueblo y sus representantes se constata no sólo en dicha desconfianza en los políticos, sino incluso en la actitud de dichos representantes del pueblo, cuando a sí mismos se tildan de clase política, reconociendo así que ya no son meros portavoces que el pueblo puede sustituir mediante el ejercicio de su derecho soberano, sino que ya son una casta intocable que ha hecho de la política una profesión, muy lucrativa en muchas ocasiones. 

En los últimos años, además, se ha venido destapando una serie de escándalos de corrupción económica sin parangón desde los años del desarrollismo franquista o la era felipista. La especulación urbanística y la corrupción del ladrillo, el caso Gurtel, los trajes de Camps, los tejemanejes de algunos alcaldes socialistas en Cataluña, la red de intereses de Unió Mallorquina, etc., sólo son la punta del iceberg de la corrupción a gran escala que parece afectar a la mayoría de los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno, con honrosas excepciones: por ejemplo, es esclarecedor el caso de Manuel Fuentes, alcalde comunista de Izquierda Unida en Seseña, en peligro de ir a la cárcel precisamente por enfrentarse con dignidad y valentía a la corrupción especulativa.

Sin embargo, lo que más desanima a la ciudadanía no es esta corrupción de grandes cifras, la corrupción de los ladrones de guante blanco y de los grandes sinvergüenzas, cobijados a veces en los partidos políticos que gobiernan nuestras instituciones. Existen también otras prácticas menos visualizables pero igual de reprobables, una especie de corrupción de baja intensidad que se ejerce a diario en las instituciones locales y provinciales. En este caso, se trata de prácticas planificadas, generalizadas y consentidas, que, aún siendo legales, son tan inmorales y desalentadoras para el pueblo de a pie como la corrupción de las grandes cifras.

Es la corrupción de los contratos a dedo en los ayuntamientos, del enchufismo descarado, del partidismo en las contrataciones, de la adjudicación de cientos de puestos de trabajo sin ningún tipo de oposición ni mérito alguno, excepto el de tener un carné del partido político que gobierna.

El caso, por poner un ejemplo, de las Diputaciones, es el colmo de la desvergüenza: desde directivos de mancomunidades y fundaciones a personal laboral de todo tipo y función, los partidos que gobiernan en las Diputaciones adjudican a dedo cientos y cientos de puestos de trabajo a afiliados de su partido o de sus asociaciones juveniles, a alcaldes y concejales en activo o que lo fueron en otras legislaturas, etc.

Es cierto que esto se hace con cobertura legal, disfrazados de puestos de asesores, de cargos de confianza o cualquier otra triquiñuela cobijada por las leyes que los propios partidos mayoritarios han elaborado en su propio beneficio. Sin embargo, es una práctica que repugna a la ciudadanía y que es, a todas luces, moralmente reprobable. Sobre todo cuando ninguno de los partidos mayoritarios, PP y PSOE mueven un solo dedo para cambiar esta situación, porque saben que tarde o temprano les tocará turnarse y pueden repartirse amigablemente suculentas porciones de pastel.

Y son los propios implicados los que bromean con lo de “todos son iguales, aquí todo el mundo va a trincar”, etc., etc., de manera que arrojando basura en todas direcciones se disimule el hedor propio.

Por eso tenemos el deber moral de denunciar públicamente estas prácticas, y de promover desde las instituciones donde la izquierda transformadora esté representada la reforma del sistema de adjudicación de puestos de trabajo de las diputaciones, ayuntamientos o cualquier otra institución. Sólo así demostraremos que no somos otro partido más, poniendo en práctica todos aquellos acuerdos tomados en las Asambleas que quedan muchas veces, por inacción, en papel mojado. Porque no todos los partidos son iguales y porque la Democracia, pese a unos cuantos indeseables, aún es posible.