El PP de Castilla-La Mancha ha decidido, apoyándose en su mayoría absoluta en las Cortes castellano-manchegas, reducir el número de diputados regionales a prácticamente la mitad.
Hasta ahora, las Cortes estaban compuestas por un número de escaños que oscilaba entre 47 y 53. Con la reforma, dicho número se reducirá a un mínimo de 25 y un máximo de 35.
El ejecutivo de Cospedal quiere vender a la opinión pública que se trata de una medida de austeridad, pero la realidad es bien distinta, ya que con esta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha el sistema electoral se convierte prácticamente en bipartidista puro, haciendo casi imposible la entrada de fuerzas políticas como Izquierda Unida.
El sistema electoral de Castilla-La Mancha ha estado desde sus inicios manipulado por los intereses propios del partido gobernante, como ya sucedió con los gobiernos del PSOE de Bono y Barreda. Ha sido siempre uno de los más injustos del país, ya que el número de electores por escaño era ya uno de los más altos del Estado; y, además, era también muy injusto en el sentido de que los habitantes de ciertas provincias, como Toledo, estaban infrarepresentados en relación a los de otras, como Cuenca, de manera que la máxima de una persona, un voto, no se cumplía ni de lejos.
